1.- Desarrollar programas de formación a las mujeres con discapacidad, informándolas sobre sus derechos, ayudándolas a reconocer la violencia, y sobre las medidas legales existentes para combatirla, y así, prevenir, reconocer y denunciar los casos de violencia ejercidos sobre ellas.

 

2.- Dotar a los servicios sociales y oficinas de igualdad de un profesional de la psicología que cuente con formación precisa y específica en violencia de género y derechos de las personas con discapacidad.

 

3.- Implementar la figura del “asistente personal” para mujeres con discapacidad y mujeres con discapacidad víctimas de violencia, profesional de la psicología con formación precisa en violencia de género y derechos de las personas con discapacidad, que les ayude a mejorar su estima y empoderarlas, y que les permita detectar sus situaciones de riesgo y denunciarlas.

 

4.- Promover la incorporación efectiva de profesionales de la psicología y abogacía, para el acompañamiento de las víctimas de violencia de género desde el comienzo del proceso policial y judicial.

 

Se puede acceder en al video de las intervenciones, correspondiente al pleno del 1 de julio de 2021, localizado en el minuto: 2horas, 23minutos, 38 segundos. 

 

El estudio elaborado por CERMI Extremadura reflejaba que hay una menor capacidad para defenderse por parte de las mujeres con discapacidad ante una situación de violencia y también mayor dificultad para expresarse. Además, existen “hándicaps añadidos” en ámbitos como el del trastorno mental, en el que hay “una menor credibilidad en el relato cuando sufren violencia de género”, o en el de las que sufren parálisis cerebral, que tienen especiales dificultades para poder acceder a los recursos de forma autónoma.

 

En los pocos casos que se denuncian, las mujeres “sufren un estrés emocional muy fuerte”, ya que en ocasiones se trata del padre de sus hijos, por lo que surgen muchas dudas y finalmente se retira la denuncia. Y también hay otros casos en los que el Ministerio Fiscal no encuentra pruebas suficientes para sustentar esa denuncia.

 

Entre los numerosos datos se destaca que “un 32,9% de las encuestadas afirma haber sufrido violencia física a lo largo de su vida”; “un 22,9%, violencia sexual”; y “un 58%, violencia emocional, fuera del ámbito de la pareja”. Dentro del ámbito de la pareja, las cifras aumentan considerablemente.

 

Así, “el 44,7% asegura haber sufrido violencia física; un 53,2%, violencia sexual; y un 87,2% sufre abuso emocional”. Si se tiene en cuenta que muchos de los casos permanecen invisibles, el número de mujeres víctimas podría aumentar ya que “más del 50% de las mujeres nunca cuenta su situación a nadie, ni a los servicios de protección ni a su entorno más cercano”.

 

Por el informe y los datos que recoge, así como la problemática que evidencia y las soluciones que es preciso implementar, se interesaron todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura, por lo que se explicaron todos los aspectos más destacados del documento en reunión presencial a tres diputadas en representación de cada uno de los grupos parlamentarios, concretamente a Soraya Vega de PSOE, Gema Cortes del PP, Encarnación Martín de Ciudadanos y de forma telefónica y documental a Lorena Rodríguez de Unidas Podemos. 

 

 

También se mantuvo reunión presencial con la Delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, que compartio la realidad que le documentamos con el informe y que se contrastó en aquella misma reunión con la inspectora de policía adscrita a estos asuntos y que conoce de primera mano en su día a día de estas situaciones y la necesidad planteada.

 

 

El trabajo elaborado por CERMI Extremadura lo fue con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de Genero y la colaboración de la Junta de Extremadura y la Fundación CERMI Mujeres, actuando como coordinadora del trabajo Belen Trianes de CERMI Extremadura, y fue presentado en Presidencia de la Junta de Extremadura con la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, al objeto de contar con el respaldo de la Junta de Extremadura para poner en marcha lo recogido en el trabajo de investigación, y que se centra en poner en marcha medidas tangibles, y que CERMI Extremadura concreta en la creación en Extremadura de la figura de la mediadora entre la mujer con discapacidad y las instituciones públicas (cuerpos policiales, judiciales, etc).

 

“Se trataría de una persona adscrita a nuestra entidad y que además de esa labor de intermediación llevaría a cabo también acciones de concienciación mediante reuniones con las ONG, con las familias y con los profesionales que tienen una relación más directa con estas personas como los trabajadores sociales, además de tareas de prevención” señaló el Presidente del CERMI Extremadura, Jesús Gumiel, concluyendo que “con esta medida se pasa de las teorías y las palabras, a la práctica y a las soluciones tangibles, que es precisamente lo que las mujeres con discapacidad de Extremadura demandan y necesitan.”